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Poco antes del mediodía de ayer el exdirector de Policía de San Pedro, comisario general inspector Cristino Aranda, se presentó en la Fiscalía Antidrogas acompañado del jefe de la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, comisario principal Darío Figueredo Montiel, y del exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de San Pedro, el oficial primero Aldo Miguel Rodríguez Ruiz. El único que presto declaración fue Figueredo, los otros se abstuvieron.
Los tres fueron imputados por extorsión agravada, asociación criminal, omisión de dar aviso de un hecho punible, previsto en la ley antidrogas. Por ello la fiscala Lorena Ledesma pidió la prisión preventiva de los tres agentes con los que suma a diez los policías encarcelados por el mismo hecho.
De acuerdo a las investigaciones, Aranda planificó y ejecutó una operación para extorsionar a miembros de una banda de narcos que operaban en una pista clandestina ubicada en la localidad de Hugua Guasu del distrito de General Aquino, perteneciente a Ramón Giménez Velázquez, primo del gobernador de San Pedro Carlos Giménez (ANR). El procedimiento se desarrolló al amanecer del viernes 17 de mayo último.
Sin embargo, los seis agentes que llevaron a cabo el “trabajo” terminaron detenidos al ser sorprendidos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), justo en el momento en que negociaban la liberación de una avioneta boliviana cargada con 302 kilos de cocaína y de seis narcos, incluyendo al piloto.
Aranda supuestamente ideó el golpe en la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, por ello la imputación al jefe de esa unidad el comisario Figueredo, mientras que el oficial Rodríguez, del GEO, facilitó cuatro fusiles y municiones al grupo, por ello se deduce que estos últimos estaban al tanto del plan extorsivo.
Según los agentes antidrogas, Aranda conocía desde mucho antes las operaciones ilegales que se llevaban a cabo en la hacienda donde funcionaba la pista de aterrizaje clandestina, por lo que habría exigido una importante cantidad de dinero al propietario, quien aparentemente se negó, por ello el jefe policial reunió a los hombres de su confianza para dar el gran golpe, ya que supuestamente tenían planeado exigir US$ 100.000 para liberar la valiosa carga, dijeron.
Las escuchas telefónicas que fueron realizadas por la Senad confirman que inicialmente la operación se debía realizar el 9 de mayo, pero a raíz de las lluvias, los caminos que conducen a la pista se inundaron y una de las camionetas de los narcos quedó atascada por el camino y no pudieron llegar. Ante esto la nave que traía la droga regresó a Bolivia, es por eso que los policías comunicaron el 8 de mayo, un día antes al fiscal Jorge Encina que iban a efectuar trabajos de inteligencia en la zona, para cubrirse las espaldas, dijeron.