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El 10 de febrero pasado, por Sentencia Definitiva N° 34, la magistrada condenó a Petrobras Distribuidora por la millonaria suma. El 11 Moreno Ruffinelli se dio por notificado del fallo y pidió el embargo de los bienes. La decisión ahora queda en manos de la jueza Alonso.
Los antecedentes revelan que el 3 de diciembre de 2002 se presentó el abogado Hugo Duarte Rodio, en representación de Compañía de Petróleo y Asfalto (Compasa), a promover demanda contra Petrobras Distribuidora. El letrado explicó que la empresa a la que representa firmó contrato con Petrobras de distribución exclusiva de los productos asfálticos derivados comercializados por la mencionada firma brasileña, la que después violó el acuerdo.
En su fallo la jueza tuvo en cuenta las pericias ofrecidas por cada una de las partes, incluida la del juzgado. Sin embargo, resaltó el resultado de la pericia ofrecida por Petrobras.
“Atendiendo los puntos de pericias ofrecidos por la parte demandada Petrobras Distribuidora, y las conclusiones del perito ofrecido por su parte, licenciado Blas Jara, surge que el mismo no ha podido rebatir el hecho; al contrario, lo confirma expresamente que se importó la suma de US$ 71.2450.454 durante el periodo reclamado, y que siendo Compasa el distribuidor exclusivo, hubiese tenido un razonable margen de ganancia de haberse respetado el contrato”, apuntó la magistrada.
Alonso refirió que se basó en las pericias para dictar su fallo. “Estoy tranquila, porque la sentencia se ajusta a derecho, y si las partes no están de acuerdo, pueden recurrir”, señaló ayer en conversación con ABC.
Sin embargo, la defensa de Petrobras Distribuidora dijo que a numerosas irregularidades que se dieron en el proceso se sumó la prueba pericial “torcida y malintencionada”, especialmente en los puntos que fueron planteados por Compasa y que por ello se concluyó que el perjuicio es millonario.
“En conformidad a una correcta aplicación de la ley, la penalidad a la que tendría derecho Compasa, de haber existido un incumplimiento de parte de Petrobras Distribuidora, debería ser de menos de 176.500 dólares”, resaltaron los abogados de la empresa que fue condenada por la magistrada Alonso.