Cargando...
El inciso “h” del artículo 16 de la Ley 4036 de armas es categórico al señalar que está prohibido para los civiles el uso de material bélico importado para los órganos de seguridad del Estado paraguayo.
En el caso de la Corte, la empresa Comtecpar (de Carlos León) fue adjudicada en el 2010, para la provisión de 3.000 municiones calibre 5.56 y 15 fusiles de asalto, entre otros materiales.
Sin embargo, la empresa con autorización de la Dimabel y con base en una orden de compra firmada por la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán, importó 12.500 balas y 20 fusiles.
Incluso, Insfrán firmó un certificado de usuario final que señalaba que las balas y municiones eran para la Corte.
Sin embargo, pese a la expresa prohibición legal, la Dimabel, específicamente el Registro Nacional de Armas, autorizó que las balas sean vendidas a particulares.
Así, de las 9.500 municiones que se importaron de más a nombre de la Corte, 3.500 fueron a parar a manos de Hugo Cañete, funcionario de transporte de Copaco. Cañete pagó casi G. 27 millones por las balas y dijo a ABC que es para su uso.
Según el documento que León presentó a la fiscalía, más de 3.000 balas están en los depósitos de Dimabel.
Llamativamente, después de dos semanas de publicaciones y del inicio de la investigación por la Unidad Antisecuestro, los fiscales ni siquiera se constituyeron en dicho depósito para confirmar la existencia de las municiones en el lugar. Tampoco convocaron a Cañete, quien tendría una estrecha relación con León.
Atendiendo la gravedad del presunto tráfico de armas, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había conformado un equipo integrado por los fiscales Federico Delfino, Sandra Quinóñez y Francisco Ayala, bajo la supervisión del adjunto, Alejo Vera.
Delfino sería el que más se encarga del caso, atendiendo que Ayala está en el interior y Quiñónez tiene otras varias causas complejas.
La fiscalía informó que se está haciendo una pericia para saber si las balas son o no de guerra. Esta diligencia, empero, no sería necesaria, atendiendo que las armas y municiones se trajeron para órganos del Estado y se venden a civiles, en abierta violación a la Ley 4036.
SALPICA AL EJÉRCITO
El negociado de armas y municiones salpicaría a altos jefes militares, entre ellos los de la Dimabel y el Registro Nacional de Armas.
También habría graves anomalías que rayan la ilegalidad en el Departamento de Adquisiciones del Ejército, que en el 2011, compró de la empresa Comtecpar material bélico por varios millones de guaraníes.