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“No solamente se vio vulneración de los derechos de estos niños, maltratos físicos y psicológicos, también muchos niños sin orden judicial. Está prohibido, lo normal es que los hogares si van a recibir, comunican al juzgado o si la defensoría si tiene conocimiento de un niño y solicita un abrigo, lo tiene que dar el juzgado y esto es lo que ella no hacía. Ella quería hacer un sistema de hogar decía ella particular, pero no existe el ‘hogar particular’, todos tienen que estar sometidos al control de la SNNA y recibir a los niños con orden judicial y también, si los niños van a salir, tiene que ser el egreso con orden judicial”, indicó la magistrada.
Escauriza destacó que el local no contaba con habilitación de la Codeni de la zona y tampoco tenía cocinera ni personal de limpieza, tareas a cargo de los propios niños, situación constatada por la trabajadora social Nedda Toro de Orrego (ver cuadro).
“Se vio que en el tema de la comida había discriminación. Por ejemplo, para la directora y su hija cocinaban un tipo de comida, sin embargo para los niños se cocinaba otro tipo de comida. (...). Además era poca cantidad para el número de niños. Por ende, en cuanto a la salud de los niños, se veían un poco pálidos, demacrados (...). No había cocinera, no había personal de limpieza y el lugar era insalubre. También se pudo ver que varios dormitorios estaban candadeados”.