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El fiscal Aldo Cantero, de la Unidad de Delitos Económicos, citó a declarar en diciembre del año pasado a Braulio Ferreira Mereles, exdirector general del Tesoro Público, y al que actualmente sustenta ese cargo, Elvidio Gómez Ayala, para despejar dudas con respecto a una nota de suspensión de pago a la empresa Todo Verde Emprendimientos.
El mencionado escrito fue remitido el 10 de enero de 2011 por Andrea Adle, entonces directora de la Unidad Operativa de Contrataciones y una de las imputadas por el pago de nada menos que G. 1.131.812.500, para realizar obras de refacción en 23 comisarías del Área Metropolitana.
Según trascendió, Ferreira Mereles y Gómez Ayala declararon que el Ministerio del Interior realizó erradamente el pedido de “suspensión de pago”, con una figura que “no existe”.
Según indicaron, lo que dicta el manual es el retiro de la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) y del legajo de las obras. Además, dijeron que el pedido de suspensión de pago a la proveedora debía estar dirigido al ministro de Hacienda.
Con la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) se peticiona a Hacienda la liberación de los fondos, lo que supone que el proceso administrativo ya pasó por todos los controles, explicaron también.
A esto se suma -indicaron- que el pedido de suspensión de pago, en su efecto, solo corre por el término de uno o dos días.
“Se contradicen”
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del exministro del Interior Rafael Filizzola, indicó que las posturas de los dos directores del Tesoro Público se “contraponen” al primer informe por escrito, remitido por esa dependencia del Estado. “Tras presentar la nota del 10 de enero de 2011, la Fiscalía pidió un informe respecto a si era suficiente esa nota para suspender la orden de pago y contestaron que sí. Luego vienen y en una entrevista donde no tuvimos participación, cambian de postura, lo que es inadmisible”, enfatizó.
Pago total en un solo día
Este proceso penal por lesión de confianza tiene relación con la adjudicación de la firma Todo Verde Emprendimientos para realizar obras en 23 comisarías, por un total de G. 1.131.812.500. El contrato se firmó el 2 de diciembre de 2010 y las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011, fecha en que la firma cobró todo el dinero, pero no concluyó los trabajos. Aparte del pago total, se cuestiona también que pese a informes de retrasos de obras, fue concedida una adenda por 30 días.