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En mayo de 2015 se recibió el pedido de extradición que estaba firmado por la fiscala general estadounidense, Loretta Lynch. Fue entonces que Leoz fue internado en el Sanatorio Migone, de su propiedad; luego el juez Otazú verificó su estado de salud y decidió otorgarle arresto domiciliario mientras se tramitaba el pedido de la justicia de los Estados Unidos.
En febrero de este año, la Fiscalía General del Estado condicionó la extradición del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, señalando que se tienen que tener en cuenta la edad, el estado de salud y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos.
La defensa de Leoz, por su parte, contestó en mayo y pidió, como era de esperarse, que se rechazara el pedido de extradición.
Alegan los abogados del exdirigente deportivo que el pedido que hace la justicia de los Estados Unidos se basa sobre un delito de soborno privado y que eso no está contemplado en la legislación paraguaya.
Desde mayo pasado, el juez Humberto Otazú tiene dormido el expediente en su despacho y dejando pasar el tiempo para dar un fallo sobre el fondo de la cuestión.
“Se inculpa a Nicolás Leoz de conspiración para realizar o participar en actividades del crimen organizado, relacionadas con fraude de transferencia electrónica y otros delitos, los cuales ocurren al comercio interestatal o extranjero, en violación a la Sección 1.962 (d) del Título 18 del Código de Estados Unidos”, señala la parte principal del pedido de extradición que enviaron desde Estados Unidos.