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La magistrada había ordenado la prisión domiciliario y la redención de varios condenados por el robo a la Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional. Entre ellos fueron beneficiados el extitular de la Cajubi Mariano Damián Escurra, condenado a 14 años de prisión, y el exconsejero Walter Elías Delgado Añazco, sentenciado a 12 años de pena.
Sin embargo, los camaristas sostienen que existieron errores de fondo y forma. El principal es que la jueza Scura Dendia resolvió sin que las víctimas o sus abogados estén presentes en la audiencia en la que se decidió que podían salir de prisión.
La cámara afirma que se debe ordenar el retorno de los mismos a prisión. Misma situación ya se dio con Víctor Bogado Núñez, extitular de la Cajubi, detenido días atrás frente a su vivienda ubicada en el Área 8 de Ciudad del Este, tras la orden de la jueza de ejecución Mercedes Aguirre.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados habían resuelto suspender a la magistrada por el incumplimiento del Código de Ejecución, ya que los condenados no reunían los requisitos objetivos para la concesión de la figura de la prisión domiciliaria porque superaban los tres años de condena. En la causa también fueron condenados Félix Villamayor (12 años), César Amílcar Bejarano (12 años), Ricardo Antonio Pereira Poletti (10 años), Pabla Mieres (8 años), José Alonso Martínez (8 años), José Szwako (8 años), Cíbar Insfrán (4 años), Gustavo Duré Almada (3 años) y Édgar Mengual (3 años).
El desfalco a la Cajubi derivó en un daño patrimonial superior a los US$ 100 millones.