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El juez penal de garantías Pedro Juan Mayor Martínez intentará cumplir una vez más la audiencia preliminar en la fecha señalada. La misma se viene postergando desde el 2011 a causa de los reiterados recursos dilatorios que presentan los abogados defensores, sin que hasta ahora sean sancionados por el Poder Judicial.
A Soares, el juez Mayor Martínez le impuso una sanción de multa de G. 8.500.000 por dilatar en exceso su proceso por lesión de confianza. Esta medida disciplinaria fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
La última “chicana” presentada fue la del coacusado Guachiré, en junio pasado, quien recusó al magistrado Mayor Martínez por supuesta preopinión. Fue patrocinante de la denuncia la abogada Silvia Etcheverry.
Sin embargo, tanto la Cámara de Apelaciones como la Sala Penal de la Corte rechazaron la recusación, confirmando las actuaciones del juez Mayor Martínez.
Según Guachiré, el juez al dar un trámite de oposición ya adelantó que “el juzgado considera que se encuentran incorporados elementos suficientes a través de los medios probatorios ofrecidos como sustento de la acusación que permitirían determinar la suficiencia de mérito para un debate ante un tribunal de juicio oral”.
Para la defensa de Guachiré, es claro que el magistrado ha adelantado su opinión, anunciando el modo de la resolución de la audiencia preliminar convocada”, según había argumentado.
Dilación extrema
La causa que enfrentan Soares y Guachiré se inició con la imputación por una presunta sobrefacturación de unos G. 4.200 millones y fue impulsada por el exfiscal Arnaldo Giuzzio, el 14 de abril de 2010.
Desde el inicio de la causa penal, ambos acusados se turnaron para dilatar al extremo el proceso, al punto que ni siquiera se les pudo imponer las medidas cautelares. Actúa como defensor de Soares el abogado Álvaro Arias. La fiscala de la causa es actualmente la agente de la Unidad de Delitos Económicos Victoria Acuña.
El caso “coquitos de oro”
- La acusación presentada en su momento por el exfiscal Arnaldo Giuzzio señalaba un perjuicio para la Secretaría de Emergencia Nacional de G. 1.224 millones por la compra sobrefacturada de panificados, lo que le valió a Camilo el mote de “coquitos de oro”, porque adquirió dicho alimento a G. 9.000 el kilo.
El caso quedó en manos del fiscal Eduardo Cazenave, quien concurrió a la primera preliminar en junio de 2011 y pidió sobreseimiento provisional. El juez Mayor dio trámite de oposición y la Fiscalía General decidió acusar.
- Se aguarda que el Poder Judicial ponga frenos al ejercicio abusivo del derecho y sancione a los abogados.