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La jueza penal de garantías Isabel Braco concedió medidas alternativas a la prisión al intendente de Lambaré Armando Gómez, en el proceso que enfrenta por desacato.
La magistrada para conceder la medida le impuso al intendente fianza real de un inmueble hasta cubrir la suma de G. 100 millones. Igualmente, tiene prohibición de salir del país.
La fiscala Gladys González Falcón solicitó tres meses para presentar su requerimiento conclusivo que podría ser la acusación u otra salida procesal.
La agente del Ministerio había solicitado al juzgado, al presentar su imputación, las medidas alternativas para Gómez.
Los antecedentes del caso refieren que el entonces juez en lo civil de Lambaré Isidoro Olazar Pozza, el 9 de diciembre del año pasado, en el marco de las diligencias preparatorias de una demanda de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa) contra la Comuna lambareña, solicitó que el intendente informe al juzgado si en su calidad de administrador de gastos recibió insumos y materiales para la confección de registros de conducir y habilitación de vehículos, ya que de por medio había una deuda a la empresa proveedora de unos G. 1.600 millones.
Como el intendente no respondió el pedido del juzgado, el juez Olazar Pozza reiteró la solicitud el 20 de diciembre e intimó a Gómez, pero el intendente nuevamente no respondió al pedido judicial.
El 30 de diciembre de 2016 el juzgado civil remitió los antecedentes del desacato a la Fiscalía a cargo de González Falcón, quien imputó el 20 de enero a Gómez por este hecho punible.
El abogado Elber Caballero Ferreira manifestó que el intendente respondió lo solicitado por el juzgado, pero que problemas administrativos internos de la Comuna hicieron que el mencionado informe llegue tarde. Agregó que Gómez ordenó el inicio de sumario administrativo.