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Tras hacer lugar a la petición de Osorio, el magistrado estableció una fianza G. 500 millones sobre un inmueble, prohibición de cambiar de domicilio y de salir del país, y de comunicarse con otros coimputados por cualquier medio.
El fiscal Aldo Cantero se opuso a la medida, tras alegar que la expectativa de pena por los tres delitos atribuidos a Osorio se equipara a la de un crimen y, por lo tanto, no permite dicho beneficio.
“Eso sería prácticamente obligarle a que cumpla una pena mínima, cuando él ni siquiera es acusado aún; entonces, mal podría mantener la prisión en estas circunstancias”, indicó Amarilla, tras destacar la existencia de otros fallos firmes en el mismo sentido.