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El amparo constitucional se originó cuando la Asociación de Padres para la Educación Integral (APEI) decidió cancelar la matrícula de los tres menores. El problema radicó en una confrontación de los padres de los menores con la APEI.
La APEI alegó para cancelar las matrículas la inconducta de los padres. Sostienen que los progenitores cuestionaron de forma impropia y con calificaciones insultantes los procedimientos instruidos por la APEI así como a la dirección del colegio.
Agrega la APEI que los padres de los menores realizan constantes recriminaciones a los docentes de la institución por desacuerdos con las calificaciones (notas) a sus hijos, en horas de almuerzo y en otros momentos y sitios inadecuados.
Los camaristas Bibiana Benítez y Manuel Rodríguez argumentaron que los estudiantes se ven afectados por un acto manifiestamente ilegítimo de la APEI, privándoles el derecho constitucional a la enseñanza. Estos mismos derechos están protegidos en pactos y acuerdos internacionales, sostienen.
Votó en disidencia el camarista Carlos Escobar. Alegó que la institución tiene autonomía para cancelar la matrícula cuando los padres no respetan los reglamentos o cartas orgánicas.