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El jefe comunal sostuvo que hace tres meses se reunió, una sola vez, con el ministro Julio Ríos, y que en ese momento ya le expresó que no aceptarían la construcción de más cárceles si no se satisfacían algunas necesidades de la comunidad.
Entre los requerimientos está la instalación de un destacamento militar que brinde seguridad a la ciudadanía en caso de fugas y motines.
Así también, exigen la construcción de un hospital que reúna las condiciones mínimas y que tenga un área segura destinada a la atención de reos, ya que actualmente todos los convictos que requieren atención médica de cualquier tipo son llevados al centro de salud local, lo cual causa todo tipo de inconvenientes, especialmente en lo que concierne a seguridad del personal de blanco y de los propios pacientes del nosocomio.
Otro de los aspectos sobre los que exigen respuesta y solución es la contaminación ambiental que actualmente causan las tres penitenciarías ubicadas en las compañía Minas, ya que no cuentan con planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Las aguas negras son arrojadas en forma directa a una naciente que forma parte de los humedales del río Piribebuy, principal afluente del río Paraguay.
El intendente sostuvo que, tres meses atrás, vecinos de la compañía Minas le avisaron que habían llegado técnicos y arquitectos del Ministerio de Justicia al lugar donde se proyecta construir las nuevas cárceles, por lo que se constituyó de forma inmediata en el sitio para dialogar con los responsables. Luego puso como condición que, a modo de resarcimiento, se provea a la población un sistema de distribución de agua potable, que es la necesidad más apremiante de la comunidad.
Los vecinos anunciaron que impedirán el ingreso de máquinas para el inicio de los trabajos. Mientras, en Asunción se informó del cierre temporal de la cárcel Padre Juan Antonio de la Vega, uno de los presidios de esta ciudad.