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La fiscalía presentó una nueva imputación contra los propietarios de la empresa Marite SA, Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, la ujier notificadora del juzgado de Paz de La Encarnación y contra dos oficiales de justicia. Es en el marco de las investigaciones abiertas, tras las denuncias formuladas por decenas de maestros por supuesta estafa.
Las fiscales Teresa Sosa y Lorena Ledesma en este nuevo proceso, imputaron a Jara Acosta y Acosta de Jara en la denuncia formulada por la docente Malvi Teresa Paiva Salinas. Esta declaró que en agosto de 2014 se le acercó a su trabajo, la Escuela Básica y Colegio Nacional N° 4211 “Taciana Villalba” de San Lorenzo, un vendedor de Marite SA, quien le ofreció un préstamo de G. 500.000 y un televisor plasma de 32 pulgadas.
También fueron imputadas la ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Carlos Leite Jara y Ana González Ledesma, quienes ya están imputados en otros procesos iniciados luego de las denuncias formuladas por los maestros, por producción inmediata de documentos público de contenido falso y otros.
En su declaración, Paiva Salinas agregó que esta cuenta iba a ser abonada en cuotas de G. 100.000 mensuales a ser descontadas a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por lo que aceptó el préstamo y la modalidad de pago, y firmó un formulario con membrete de la empresa donde constaba la inscripción “Autorización de Descuento de Planilla de Sueldo y Orden de pago a Marite SA.
En esa ocasión, Paiva Salinas recibió los G. 500.000 en efectivo. Sin embargo, el televisor no le fue entregado.
Luego, en diciembre de 2014, por el mismo trámite, otro vendedor le ofreció otro préstamo de G. 700.000 y un teléfono celular de la marca Blu. La deuda iba a ser abonada en cuotas de G. 220.000 mensuales. La denunciante volvió a firmar otro formulario similar al anterior, ocasión en que se le entregó el dinero, pero no el aparato de comunicación.
Paiva Salinas declaró que no le fueron descontadas las cuotas de las dos operaciones comerciales vía MEC, sino que sufrió embargos de sus haberes depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a través de dos juicios ejecutivos iniciados en el Juzgado de Paz en lo Civil y Comercial del distrito de La Encarnación de Asunción, que tienen como base dos pagarés desprendidos de los dos formularios de Autorización de descuento.
AUDITORÍA A JUZGADO
- Con relación a la ujier y los notificadores, la denunciante señaló que su domicilio real es en la calle Pedro J. Carlés esquina 10 de Agosto, Edificio Ana, 2do piso, departamento 6, de la ciudad de San Lorenzo, en donde no recibió notificación ni mandamiento de embargo ejecutivo relacionado al mencionado juicio. Es por eso que los funcionarios judiciales fueron imputados.
- Por otro lado, las fiscalas habían solicitado a la Corte Suprema una auditoría del Juzgado de Paz de La Encarnación. Sin embargo, hasta ahora se desconoce que la máxima instancia judicial haya ordenado alguna medida con respecto a dicha dependencia del Poder Judicial.