Cargando...
La audiencia preliminar está fijada para esta mañana a las 8:30 ante la jueza penal de garantías María Gricelda Caballero, quien resolverá si la causa es elevada o no a juicio oral y público. La diligencia había sido suspendida el 25 de octubre de 2016 por una recusación a la magistrada.
La acusación por usurpación de funciones públicas contra Yore Ismael fue presentada por los agentes del Ministerio Público Josefina Aghemo y José dos Santos, el 21 de setiembre de 2016. Sin embargo, como ambos fiscales están de vacaciones, asistirá a la audiencia el fiscal Luis Lionel Piñánez.
La acusación de la Fiscalía se basa en lo que dispone el Art. 23 de la Ley 4423/11, Orgánica del Ministerio de la Defensa Publica, que ordena que la conformación y designación del cuerpo de defensores públicos esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia, previa selección de los postulantes en ternas por parte del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, Yore Ismael designó discrecionalmente a abogados particulares como defensores públicos, sin dar la más mínima participación de este proceso a la Corte ni al Consejo de la Magistratura.
También fueron acusados por el mismo delito los abogados que asumieron como defensores públicos Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa, Lorenzo Vera Gamarra, Carlos Ramón Molinas Bernal y Vivian Ligth Valenzuela.
El 5 de julio pasado, la fiscala Victoria Acuña imputó a Yore Ismael, a Germán Fatecha y a otras catorce personas por un supuesto perjuicio de G. 5.033.923.979.
Lo que prevé la norma
- El Art. 241 sobre usurpación de funciones públicas, según el Código Penal, dice textualmente: “El que sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que solo puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
- Los abogados designados como defensores públicos por la entonces defensora general Noyme Yore Ismael intervinieron en numerosas causas sin haber reunido las formalidades de las que debían estar investidos para el cargo. Todas las intervenciones de estos abogados pueden ser declaradas como nulas. El “defensor” Cristhian David Figueroa, en el 2014, incluso asistió a un narcotraficante.