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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Víctor Medina, Héctor Capurro y Olga Ruiz decretó la prescripción de la causa iniciada hace diez años, en el 2008, y dilatada al extremo de que el propio fiscal Piñánez se tuvo que allanar a la prescripción.
Las chicanas sumadas a la demora de los operadores de justicia en resolver las cuestiones planteadas dejaron impune este caso conocido como “maletines para la corona”.
El hecho tuvo rimbombancia en su momento por la filmación de una seguidilla de encuentros entre el entonces titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Albino González (quien denunció el hecho), y trece administradores que rendían dinero semanal y quincenalmente.
Ahora seis de los beneficiados por las chicanas quieren la devolución del dinero del soborno.
El fiscal Piñánez es contundente en la contestación de los pedidos. En primer lugar, los requirentes no comprobaron la titularidad del dinero, además entregaron las sumas a González y en ese momento perdieron la “posesión”, por lo que no comprueban tampoco que exista promesa de devolución.
Sin embargo, lo más importante para el representante del Ministerio Público es que los solicitantes no fueron absueltos porque se desbarató la acusación fiscal, sino por el obstáculo legal del transcurso del tiempo sin sentencia (prescripción). “Ante este obstáculo legal nunca se podrá saber la veracidad o no de la tesis fiscal ni cualquier otra hipótesis sobre estos hechos”, dice Piñánez.
Los que piden la devolución del dinero del soborno son José Ramón Martínez Molinas (Km 10 Ciudad del Este), quien pide G. 3.500.000; Édgar Efraín Serafini (Ciudad del Este), que pretende la suma de G. 4.500.000; Carlos Villamayor (Pedro Juan Caballero), G. 4.000.000; Miguel Ángel Robles (Chaco’i), G. 15.000.000; Blas Pereira Rodi (Puerto Falcón), G. 3.500.000; y Carlos Alberto Sosa (Villeta) G. 4.500.000.