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Los abogados Waldimar Martín Palacios y Miguel Ángel Martínez, por la defensa de Pozzamai, plantearon el incidente al juez Rubén Riquelme, quien difirió su estudio para la audiencia preliminar.
En un primer momento saltó erróneamente el nombre del abogado Jhonny Viveros, representante de Ignacio Rojas, como el que planteó el incidente.
Según el escrito, supuestamente el 3 de setiembre pasado, dos días antes de que los fiscales Jorge Kronawetter e Isaac Ferreira presenten la acusación por un cargamento de 100 kilos de cocaína, algunos imputados que están presos en Tacumbú recibieron un borrador de la acusación fiscal, sin firmas, y se solicitaron los US$ 300 mil, para que la calificación sea modificada y los implicados tengan menor expectativa de pena.
El brasileño envió el escrito a través de las abogadas Corazón Corrales y Lilian Corvalán a una escribanía, pero optó por no denunciar penalmente, sino por utilizar para la nulidad, lo que resulta llamativo.
Según trascendió, los términos utilizados en el escrito que la notaria pública Nidia Raquel Gómez transcribió ni siquiera serían los utilizados por los agentes fiscales. Por ejemplo, aparece “expediente caratulado”, siendo que los fiscales indican “Causa N°”, y “presentar acusación fiscal”, siendo que lo normal es consignar “presentar acusación”, entre otros errores.
Además, se hace alusión a que uno de los fiscales intervinientes es Marcelo Pecci, quien si bien estuvo durante la investigación, no firmó la acusación con Kronawetter y Ferreira.
Fuentes antidrogas sospechan que esta denuncia es al solo efecto de preparar una recusación a los fiscales.
Pozzamai está acusado, al igual que “Toma’i”, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de sustancias prohibidas.