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El juez Humberto Otazú impuso medidas alternativas a la prisión a los oficiales de cuenta Gustavo Adolfo Saifildin Coronel, Rubén Santiago Maneglia Ferreira y José Feliciano Bogado Jacquet.
Los funcionarios cuentan con prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio, además de comparecencia mensual.
El Banco Itaú ofreció afianzar a sus empleados en una de las garantías más altas impuestas en un proceso penal.
El magistrado Otazú aceptó otorgar fianza bancaria de G. 3.193.000.000 para cada uno de los procesados, más US$ 44.778, también para cada uno. En total, el banco garantizó G. 9.579 millones y US$ 134.334.
El abogado Guillermo Duarte, representante de Viradolce, dijo que la defensa intentó el levantamiento del embargo de cuentas y bienes de los imputados, pero esto fue rechazado por Otazú.
El abogado José Domingo Almada, representante de los procesados, volvió a criticar al recusado fiscal Hernán Galeano, porque a su criterio hay falta de objetividad y criterio. Asimismo, indicó que Maris Llorens pretende una indemnización de US$ 25 millones por parte de Itaú, en una demanda civil, y por eso se inició este proceso sin elementos probatorios. “Se alega responsabilidad de los agentes de cuentas, cuando estos informaron a tiempo a Llorens de los sobregiros de sus cuentas”, puntualizó. En este caso, también están imputados los oficiales de cuentas Félix Antúnez, Sebastián Sierra, Víctor Alonso, Emilio Rojas, Lucía Rojas, Giovanna Abatte, Martha Ayala, Susana Johanna Ayala Jacquet, Mirta Romina Giménez Vera y Alba Marina Lovera de Dalla Fontana. Los mismos comparecerán durante toda la semana a la audiencia de medidas.
La estafa a Viradolce fue de casi US$ 8 millones.