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Ante las críticas derivadas del oparei (quedar en la nada) de distintos procesos por mora, cada año vemos que la Corte Suprema implementa e intensifica los controles en instancias inferiores, es decir, juzgados de primera instancia y Tribunales de Apelación.
Así las cosas, la auditoría en dichas instancias, con control de expedientes y del plazo de resolución de los distintos recursos planteados, así como exigencias de sanción para los responsables se han convertido en una constante.
Llamativamente, en ningún momento dichos controles se han utilizado para verificar “cómo andamos por casa” –es decir, en la Corte–, y podemos asegurar que el día en que se decidan a hacerlo, se van a encontrar con grandes sorpresas.
Una auditoría podría, por ejemplo, revelar que la falta de resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida en octubre del 2013 por el exgobernador de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebeke, impide que el político colorado cumpla la condena de 2 años y 6 meses que se le impuso por desvío de recursos destinados al programa vaso de leche, obras viales y asistencia a comunidades indígenas.
El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García declaró probado un perjuicio patrimonial de G. 1.321 millones de los 2.400 referidos en la acusación. El fallo fue ratificado por la Sala Penal Corte Suprema en diciembre del mismo año, pero un recurso promovido en el 2013 hizo que el expediente regresara a la Corte.
“Somos conscientes de que en el Poder Judicial queda mucho todavía por hacer, pero asumimos los desafíos con entusiasmo y, sobre todo, trabajando principalmente por los ejes en torno a los cuales se articulan las necesidades más transcendentales para atender las demandas ciudadanas (...)”, dijo Benítez Riera el martes pasado, en su discurso de asunción al cargo.
Y precisamente una de las más reiteradas demandas ciudadanas es ver que los responsables del desvío de dinero público no sigan impunes. Otra de ellas, muy vinculada a la primera ya mencionada, es que la ley se aplique sin distingo, de manera a que ya no existan intocables para la Justicia.
ARCHIVÓ COSA JUZGADA
El 14 de mayo de 2009, el exgobernador de Presidente Hayes Eugenio Escobar Cattebeke fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión, tras declararse probado un desvío de G. 1.321 millones.
El 23 de noviembre del 2009, la Cámara de Apelaciones, elevó la pena a 4 años y 6 meses.
El 21 de diciembre de 2009, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 2 años y medio.
El 15 de abril de 2013, la jueza Leticia Fracchi archivó el caso, fallo ratificado en mayoría por la Cámara. Ese mismo año, la Fiscalía atacó de inconstitucionalidad dicho fallo, tras sostener que la causa ya era “cosa juzgada”, pues la condena fue ratificada por la Corte y no podía ser modificada.