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El abogado defensor, Jorge Bogarín, utilizó la misma estrategia que su colega Álvaro Arias, representante legal de la escribana Martha Roa de Vargas y Luis Ortigoza, extitular del Indert, con un pedido de nulidad de imputación penal.
De esta forma, el letrado repuso la fijación de la audiencia de imposición de medidas al juez Rubén Riquelme, quien señaló para el lunes la sustanciación de esa reposición.
Ese mismo día debe concurrir Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y representante de las gobernaciones ante la Junta Asesora, pero no se descarta que utilice la misma estrategia para truncar el avance de su proceso penal. Otro que debe acudir a la audiencia es Justo Gamarra, representante de las municipalidades.
En el caso de Ortigoza y la escribana Roa, la diferencia es que el propio magistrado hizo lugar a la reposición de audiencia y estableció que antes de que se impongan las medidas restrictivas, debe analizar y resolver el pedido de nulidad de imputación penal, por supuestos vicios cometidos por la fiscala Claudia Criscioni, y la prejudicialidad.
Por el momento, el único que cuenta con medidas alternativas a la prisión es Arnaldo Jara, administrador de la firma San Agustín SA. El mismo tiene prohibición de salir del país, comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del libro respectivo, así como fianza personal a sus abogados José Almada y Sebastián Pampliega por G. 250 millones, para cada uno, aunque esa garantía debe transformar en fianza real (inmueble) esta semana.
Recientemente, la fiscala Victoria Acuña amplió la imputación contra los peritos del MOPC Mario Etcheverría y Víctor Luis Blanco, que dictaminaron que las tierras costaban un poco más de G. 60.000 millones.
La compra irregular
El 27 de diciembre de 2012, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert analizó la compra del inmueble de San Agustín SA al precio de G. 6 millones, pero a tambor batiente y tras la alianza entre los partidos PLRA y Unace, se adquirió por G. 10.500.000 la hectárea, y sobrepasó los G. 46 mil millones. Arnaldo Jara, administrador de la firma y hombre de confianza de Jorge Oviedo Matto, parlamentario con “permiso”, ofreció el bien.