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César Garay y Óscar Bajac aceptaron conformar la Sala Constitucional en el caso conocido como el de “comisarías”, en el que Filizzola está acusado por lesión de confianza. Según la fiscalía, en esta causa se comprobó una sobrefacturación de obras por G. 1.131 millones, cuando el referido político era ministro del Interior.
En este proceso, para apartar al ministro Antonio Fretes la acción fue firmada por el abogado Roberto Améndola.
La ministra Gladys Bareiro de Módica también se apartó del proceso.
En la causa “helicópteros”, la Sala Constitucional está integrada por Raúl Torres Kirmser, Garay y Blanco.
En este proceso, la fiscalía acusó por un perjuicio de G. 50.000 millones a raíz de una compra de helicópteros para la Policía Nacional, hecha cuando Filizzola era ministro del Interior.
Lo que la defensa del citado político pretende es la inconstitucionalidad de la resolución que elevó la causa a juicio oral y público.
Llamativamente, los demás ministros de la Corte se fueron apartando de los procesos, hasta que las causas llegaron a manos de los ya citados ministros Blanco, Garay y Bajac, cuya destitución por juicio político depende de la Cámara de Senadores. Ya fueron acusados por Diputados.
Se habla de una supuesta maniobra a la que se habrían prestado también los otros ministros citados que se apartaron de las causas sin razón alguna.
Caso Enzo
La Corte también tiene que resolver la inconstitucionalidad que presentó el senador liberal Enzo Cardozo, que pretende anular todo el proceso en el que fue acusado por la fiscalía por un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En este expediente, la Sala Constitucional está conformada por el ministro Fretes, Blanco y el camarista Arnulfo Arias.
Tanto en los procesos que afectan a Filizzola como a Cardozo existiría una fuerte injerencia política, a la que podrían ceder o no los miembros de la máxima instancia judicial de la República.
Las pretensiones de Cardozo y Filizzola ya fueron rechazadas en todas las instancias inferiores y por eso recurrieron a la Corte.
La defensa de los políticos insiste en que hubo claras violaciones constitucionales y que por ello se tiene que hacer lugar a las acciones que presentaron. Sin embargo, la jurisprudencia del alto tribunal es en sentido contrario a las peticiones de Cardozo y Filizzola.