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Se trata de José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos, y el abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo del MSP, bajo la administración de Esperanza Martínez. Ambos fueron acusados por lesión de confianza y un perjuicio más de G. 1.100 millones.
El agente pidió a la Sala Constitucional que anule el fallo dictado por los camaristas Gustavo Santander, Delio Vera Navarro y Pedro Mayor Martínez, quienes anularon la sentencia condenatoria de noviembre del 2015 dictada por los jueces Manuel Aguirre Rodas, Lizza Battilana y Lourdes Peña.
En segunda instancia, la Cámara dijo que se violó el derecho a la defensa del acusado Federico Gill y ordenó un nuevo juicio oral.
El fiscal Dos Santos se alza contra ese fallo porque el Tribunal de Apelación desconoció el perjuicio patrimonial probado por el tribunal inferior, lo que hace más grave la nulidad.
“Los acusados han obligado innecesariamente al Estado paraguayo a comprar medicamentos oncológicos que no fueron requeridos y que posteriormente, vencieron ante esa compra innecesaria”, refiere el agente.