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Los fallos de la Corte que rechazan las acciones promovidas contra las resoluciones judiciales, que elevan las causas penales a juicio oral y público, son uniformes y contestes, al señalar que los autos que elevan los procesos a audiencia pública son irrecurribles, así como lo señala el artículo 461 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el ministro Blanco no lo entendió así y dio trámite a la acción que presentó el abogado Juan Ernesto Villamayor contra las resoluciones de primera y segunda instancia, que enviaron a juicio oral a los acusados por la compra irregular de helicópteros por el Ministerio del Interior, durante la gestión de Rafael Filizzola, también acusado.
Villamayor es el defensor de los empresarios españoles Álvaro Lasso y Guillermo Casado, de la empresa Proibérica y acusados por la venta ilegal de las máquinas.
Lo que dice la ley
El artículo 461 del Código Procesal Penal enumera cuáles son las resoluciones judiciales que pueden ser apelables. En el mismo artículo, última parte, se enfatiza que “No será recurrible el auto de apertura a juicio”.
La disposición legal no deja ningún tipo de duda y es por ello, siguiendo esta línea, que la Corte emitió todos sus fallos en el mismo sentido. Es por eso, que llama la atención que el ministro Blanco haya dado trámite a la acción promovida por los empresarios españoles acusados por la fiscalía.
Según fuentes judiciales, se habla de una fuerte injerencia del senador liberal Luis Alberto Wagner.
Blanco es hasta ahora el único integrante de la Sala Constitucional que será conformada por dos camaristas, por la recusación e inhibición de los demás ministros de la Corte Suprema.
La acusación
Según los antecedentes, además de Filizzola, también se resolvió que vayan a juicio oral y público los españoles Casado y Lasso Génova, representantes de la firma proveedora Proibérica, y Aníbal Gerardo Muñoz, exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.
Todos fueron acusados por el Ministerio Público de causar un perjuicio de más de G. 50.000 millones al Ministerio del Interior, mediante la compra irregular de cuatro helicópteros, según los antecedentes.
Admitieron ilegalidades
La justicia había resuelto aceptar la suspensión condicional del procedimiento con relación a la exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones Andrea Adle Román, el exdirector jurídico Ricardo Lugo, el exdirector financiero Juan Fernández Aguirre y el exdirector administrativo comisario general inspector Tiburcio Abundio Martínez. Todos ellos admitieron que hubo groseras irregularidades en la adquisición de los helicópteros
El exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Fernando Sakoda fue condenado a dos años de prisión, con suspensión de la condena.
El exministro y actual senador Carlos Filizzola fue sobreseído definitivamente.