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Hace más de dos que los mismos evitan ir a prisión, ya que no se puede hacer la audiencia de medidas.
El expediente subió a la Sala Penal de la Corte debido a una recusación que presentó Rotela contra los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez. La acusada apeló una resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la decisión del juez Hugo Sosa Pasmor, quien convocó a audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si afrontan o no juicio oral y público.
Rotela, con el evidente propósito dilatorio, recusó a los camaristas, al presentar una aclaratoria contra la disposición que confirmó la diligencia fijada por el juez de primera instancia.
La decisión de la Corte se va a dilatar aún más atendiendo que se apartó de la causa el ministro Benítez Riera y quedaron como integrantes de la Sala Penal Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta.
Los antecedentes revelan que en octubre de 2015 los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñáñez imputaron a Alvarenga y a su esposa Mirta Evelina Rotela, por enriquecimiento ilícito, y solicitaron la prisión de ambos. El juez Humberto Otazú procesó al matrimonio y fijó para el 12 de noviembre la audiencia de imposición de medidas en la que tenía que resolver si decretaba o no la prisión solicitada por los agentes del Ministerio Público.
La primera chicana vino con la designación del abogado Jorge Coronel, al solo efecto de apartar del caso al juez Otazú, quien es amigo del referido profesional del derecho.
La intervención de Coronel hizo que el magistrado Otazú se aparte del caso, que luego pasó al juzgado a cargo de Hugo Sosa Pasmor.
Alvarenga y su defensa presentaron todo tipo de incidentes para que no se lleve a cabo la audiencia de imposición de medidas en la que se tienen que definir su prisión y la de su esposa.
En octubre del año pasado los fiscales Piñánez e Igor Cáceres acusaron al excomandante y a su esposa porque no podían justificar el ingreso de 1.046 millones de guaraníes.
El juez Sosa Pasmor fijó fecha para la audiencia preliminar, en la que tenía que resolver si enviaba o no a juicio oral a los acusados. Sin embargo, los defensores pidieron al magistrado revocar su disposición, pero el mismo se ratificó. Ante esta situación recurrieron a la Cámara de Apelación.