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El proyecto incluye la posibilidad de edificar cuatro nuevos módulos penitenciarios independientes en Emboscada, departamento de Cordillera, a 45 kilómetros de la capital, y albergar así a otros 4.000 reclusos en el mismo predio de 45 hectáreas donde funcionan la antigua cárcel de máxima seguridad y la nueva penitenciaría regional “Padre Juan Antonio de la Vega”.
El viejo penal de máxima seguridad, de donde se produjo aquella histórica y fatídica fuga de 108 reos, el 26 de febrero de 1998, cerró esta semana con 1.081 internos, pese a que su capacidad es solo para 315.
El otro reclusorio más nuevo de Emboscada tiene una población actual de 631 internos, superando ya en casi 100 plazas su disponibilidad real.
La intención de las autoridades del Ministerio de Justicia, igualmente, consiste en habilitar otro módulo para 1.000 convictos en el departamento de Alto Paraná, pero no en Ciudad del Este, donde la penitenciaría de 450 lugares ya está saturada con una población que llegó esta semana a los 1.440 presos.
En este caso, la nueva cárcel se construiría en Minga Guazú, a 315 kilómetros de Asunción, en un predio de 15 hectáreas que a la vez serviría para fomentar el estilo de cárcel agrícola.
El otro punto geográfico escogido para edificar la última prisión es Coronel Oviedo, la capital del departamento de Caaguazú, a 170 kilómetros de Asunción.
El pabellón se situaría detrás de la penitenciaría regional actual, que tiene ahora mismo 1.082 reclusos, prácticamente el doble de su verdadera capacidad.
Aunque el ambicioso proyecto se inició durante la gestión de la anterior ministra de Justicia, Sheila Abed, aparentemente se va a ejecutar durante el mandato de la actual titular de la cartera, Carla Bacigalupo.
Depende del Equipo Económico
La ministra señaló a ABC Color que el siguiente paso para conseguir este anhelado sueño es la presentación del proyecto ante el Equipo Económico del Poder Ejecutivo, el 7 de marzo próximo, tras lo cual se debe decidir la modalidad del financiamiento.
Una opción es utilizar los bonos soberanos y la otra es aplicar la Ley 5074, que implicaría que la empresa adjudicada construya los módulos penitenciarios y que el Estado tenga la posibilidad de pagar en cuotas, aunque con un interés respectivo.
Bacigalupo aclaró que el presidente de la República, Horacio Cartes, ordenó que la financiación se decida lo más rápido posible.
La licitación sería nacional e internacional y, simultáneamente, los proyectistas apuran las especificaciones técnicas que incluirán las modernas prisiones.
El costo estimativo de las seis nuevas cárceles superaría los 100 millones de dólares y funcionarán, como siempre, a cargo de la dirección general de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, manejada actualmente por el abogado Artemio Vera.
Centros de reinserción
Sobre las características de los nuevos centros penitenciarios, Carla Bacigalupo dijo que “están pensadas como centros de reinserción, van a tener más aulas, más talleres de trabajo. Tienen módulos totalmente independientes, para clasificar a condenados, procesados, medir la peligrosidad y apartar a los que están en periodo de observación, de tratamiento y hasta de prueba para eventuales medidas alternativas”.
Asimismo, se necesitarán por lo menos 1.000 nuevos agentes penitenciarios para la custodia perimetral e interna en estos seis centros.
Actualmente, la población penal en Paraguay casi llega a los 13.000 reclusos y hay solamente 1.400 guardiacárceles, lo que da un promedio de un custodio por cada 90 internos, cuando el parámetro internacional establece que debe ser un celador por cada 10 convictos.
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