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En los alegatos finales los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera, basados en el criterio de objetividad no solicitaron pena para el procesado, ante la imposibilidad de demostrar la supuesta coima.
El tribunal cuestionó sin nombrar al fiscal Eduardo Cazenave, la mala investigación que posibilitó la anulación de varias diligencias, que de todos modos no demostraron la responsabilidad de López.
En un operativo realizado por Cazenave el 12 de noviembre de 2010, detuvieron a López y a Darío Viana tras pedir supuestamente una coima de G. 20 millones para otorgar un puesto de venta.