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La resolución, firmada por los ministros Alicia Pucheta, Miguel Óscar Bajac y la camarista Mirtha González de Caballero, fue dictada a raíz de una aclaratoria presentada por Vera, bajo patrocinio de su defensor, con relación al auto interlocutorio dictado el 7 de junio del 2016 por la sala penal.
Dicha resolución declaró inadmisible el recurso de apelación general que había planteado contra el rechazo de la recusación presentada contra el juez Gustavo Amarilla, el 28 de abril pasado.
La Corte recuerda que el artículo 126 del Código Procesal Penal precisa que el recurso interpuesto está previsto para “aclarar las expresiones oscuras, corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial de la misma”.
“En el caso en estudio y por las razones expuestas, resulta reprochable la conducta procesal asumida por los profesionales patrocinantes que dificultan el desarrollo normal de la administración de justicia, apartándose del ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe que, en general, le impone el art. 112 del CPP y en particular, el art. 343 del citado cuerpo legal, circunstancias que revelan que su proceder no se compadece con el fin común de presidir el desempeño de los profesionales litigantes (...)”, concluye la Corte.
Vera, el exministro del Interior Walter Bower y el comisario Merardo Palacios están acusados por torturas y lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, de las que resultaron víctimas policías en servicio activo detenidos bajo sospecha de haberse sublevado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000. La acusación se presentó el 11 de junio de 2001 y la primera convocatoria para la preliminar fue fijada para el 28 de noviembre de ese año.