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Los accionantes reclaman US$ 39 millones por las 14.000 hectáreas expropiadas para la comunidad indígena Sawhoyamaxa, pese a que por ley Nº 5194 del año 2014 se fijó de acuerdo al MOPC (unos G. 35 mil millones).
Los representantes del Estado explicaron a Julia Alonso y José Paniagua de Tierraviva y a Óscar Ayala de Codehupy los recursos interpuestos para la defensa.
“Ellos llaman criterios jurídicos diferentes pero para nosotros son irregularidades. No estamos de acuerdo con la manera con que han abordado el juicio, pero nos comprometimos a verificar exhaustivamente el expediente en la próxima semana, para ver qué medidas tomar”, dijo Cabello, al terminar la reunión en sede de las ONG.