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Romero soporta otro proceso por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, uso de certificación sobre méritos y servicios de contenido falso, tramitado ante el juzgado de garantías a cargo de Gustavo Amarilla.
Romero fue imputado por la fiscala Nidia Fernández ante la sospecha de ejercer la profesión de abogado sin estar habilitado para ello. La fiscala destaca que si bien Romero cuenta con un carné de matrícula de abogado, en el legajo correspondiente no se hallan archivados el título habilitante y el certificado de estudios ni en la Corte ni en la UNA.
En esta causa el 16 de junio pasado el magistrado le impuso una fianza personal de G. 70 millones y le dio un plazo de 15 días para sustituirla por bienes materiales, es decir, fianza real por igual valor. Hasta ayer tal cosa no ocurrió, indicaron fuentes judiciales.