Largo litigio por usurpación de inmuebles

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AYOLAS, Misiones (Miguel Rodríguez, corresponsal). Una pobladora acusa que se intenta legalizar el traspaso fraudulento de propiedades que heredó y que el litigio ya lleva más de cinco años. El hecho involucra a la escribana María Cristina Paiva Valdovinos, a Gustavo Brígido Bogado Benítez (tiene nueve procesos penales pendientes y cada una de ellas con medidas alternativas a la prisión), a Luis Alberto Marín Mir, con cuatro antecedentes penales y Julián Benítez Niz, prófugo en causa por narcotráfico, dice la afectada.

La señora Marta Coronel viuda de Cartes denunció ayer ante esta corresponsalía el delito de usurpación del que podría ser víctima de concretarse la trama en la que los imputados transfirieron dolosamente sus propiedades, que le corresponden como heredera de Carlos Cartes. Uno de los inmuebles está ubicado en Villa Aurelia, Asunción, sobre la avenida Boggiani casi R.I. 18 Pitiantuta.

Dijo que el traspaso de los inmuebles tiene nulidad absoluta porque fue gestado burdamente después de que su marido haya muerto hacía ya más de 22 años.

Con cheque robado

Agregó que otra prueba del hecho punible es que los gastos del pago de impuesto inmobiliario, cambio de nombre y gastos de trasferencia fueron abonados a la Municipalidad de Asunción con un cheque robado y sin fondo.

La ciudadana refirió que ayer “realizamos dos nuevas denuncias ante la Unidad Fiscal de Ayolas, a cargo del Dr. José Luis Llano, y son: Denuncia contra persona innominada por producción de documento de contenido falso y que supuestamente fue realizado en el libro de firmas del Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Ayolas; y otra por asociación criminal y producción de documentos no auténticos de contenido falso, contra Gustavo Brígido Bogado Benítez, Luis Alberto Marín Mir y Domingo Dávalos Fleitas”.

Marta Coronel manifestó que se acercó en compañía de su abogado Walter Cardozo al juzgado penal de Ayolas (ahí fue trasladado el expediente) y que solicitaron a la actuaria Fidelina Gómez que muestre el expediente de la causa y el libro de firmas donde debe constar la rúbrica de los imputados, “y no pude ver el libro que es un instrumento público porque según manifestaciones de la actuaria la misma se encontraba en poder del juez penal de garantías Dr. José del Rosario Centurión o de otra actuaria”. Ni el magistrado ni la otra actuaria estaban en sus oficinas, se quejó la denunciante.

Manifestó que en otra ocasión ya se le había negado la copia autenticada del libro de firma supuestamente por improcedente según el auto interlocutorio (A.I.) Nº 584 de fecha 14 de octubre de 2015, “resuelto por el juzgado penal de garantías de la ciudad de Ayolas, que he solicitado para la realización de unas pericias caligráficas a las firmas de los imputados”.