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La fiscalía, a través de su asesora jurídica Patricia Rivarola, solicitó medidas cautelares de no innovar por tres acuerdos que fueron firmados por Valiente sin contar con un poder otorgado por el Ejecutivo.
La presentación de la demanda fue confirmada en reunión de prensa por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez, y el director jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy Codas.
“Este es un día histórico para el Ministerio Público, basado en la legislación del artículo 359 del Código Civil y 264 de la Constitución Nacional. Iniciamos estas demandas de nulidad de acto jurídico con el principal objetivo de defender los intereses del Estado. Específicamente, hablamos de G. 60.000 millones”, señaló el fiscal general.
Explicó en qué conceptos se realizaron los acuerdos que ahora cuestionan. “En la demanda hay tres casos concretos; el más conocido es el de la familia Arza-Huerta, que demanda al Estado solicitando el pago de 10 millones de dólares. En este caso, el anterior procurador general de la República, Pedro Valiente Lara, ha hecho una transacción en la cual el mismo compra para el Estado paraguayo una propiedad no teniendo las facultades legales y constitucionales para el efecto”.
Añadió que “luego está el caso del exsenador de la Nación Amado Yambay, en el cual se reclama al Estado paraguayo el pago de 3 millones de dólares. El exprocurador Valiente había realizado una conciliación por 1.500.000 dólares, sin que todavía se haya iniciado el proceso de pruebas. En este caso también consideramos que se han perjudicado los intereses del Estado. El otro guarda relación con la hija de Ananías Maidana, en que se solicitan G. 9.000 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios. De la misma manera, apenas contestada la demanda, igualmente se llegó a una conciliación por más de G. 4.000 millones”.