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Odilón Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar), afirmó que mientras no repongan el presupuesto recortado, seguirán con la medida hasta el 9 de diciembre.
Turo dijo que el recorte de G. 11.000 millones que hizo el Ministerio de Hacienda y los G. 1.800 millones que realizó la Bicameral de Presupuesto no son una buena señal que envían los políticos. Posiblemente, la intención es “acogotar” al Ministerio Público, indicó.
En el 2015 y 2016 el presupuesto del Ministerio Público fue de G. 620.000 millones y se tenía previsto aumentar en el 2017 a G. 740.000 millones.
En la reunión de sindicalistas con el fiscal general, Francisco Javier Díaz Verón, este les manifestó su preocupación por el recorte que afectará el funcionamiento del Ministerio Público. Prometió que intentará recuperar el dinero recortado.
Turo recordó que el año pasado tuvieron que salir a las calles pare reclamar la reposición de G. 23.000 millones, que finalmente se logró.
Los sindicalistas dijeron que están en contra de la llamada Comisión de Crisis, creada de forma irregular. El único gremio reconocido es el Sifetramipar, que reclama la participación en la elaboración del presupuesto, como manda el Art. 60 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Presión de Cartes
Consultado Turo si el presidente Horacio Cartes intercedió para que se levanten las huelgas del Poder Judicial y de la Fiscalía, dijo que “no quiero decir que Cartes metió presión, pero sí hay presión. Se está coaccionando a estos órganos del Estado”, indicó.
El Ministerio Público tiene unos 5.000 funcionarios, entre nombrados, contratados, incluidos fiscales.
Protesta de sindicalistas
Nota mediante, el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), liderado por Porfiria Ocholasky, expresó a la Corte Suprema su protesta y repudio por la advertencia de descuento a los huelguistas por los días no trabajados, pues, alegan, infunde una sensación de temor y amedrentamiento a los funcionarios, para ejercer sus derechos constitucionales.