La Fiscalía investiga al ministro Blanco por otro caso de prevaricato

El fiscal René Fernández tiene a su cargo la investigación de una denuncia por prevaricato contra el ministro de la Corte Sindulfo Blanco. El magistrado fue acusado de violar el derecho al resolver una casación en abierta distorsión de la ley, en un juicio por apropiación. Blanco, junto a los camaristas Neri Villalba y Mercedes Buongermini, ya tiene una causa penal por el mismo hecho punible a raíz de la liberación de Hugo Sosa Palmerola.

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La denuncia contra Blanco se presentó por su actuación supuestamente ilegal en el expediente caratulado “Recurso de casación interpuesto en la causa Peter David Kennedy González sobre apropiación y otros”. La presentación contra el magistrado se hizo en diciembre pasado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, por Peter Kennedy, quien acusó al ministro de violar el derecho.

El denunciante explicó que la Corte tiene atribuciones regladas por la Constitución, el Código de Organización Judicial y el Código Procesal Penal. “Una de esas atribuciones es la de entender en los recursos de casación planteados por las partes, pero esta facultad no es amplia sino que se limita a ciertos casos bien concretos, como sucede en todas las actuaciones jurisdiccionales”, agregó Kennedy.

Los antecedentes del caso revelan que Kennedy fue condenado a seis años de cárcel por un tribunal de sentencia. Había sido denunciado por su tío Franklin Kennedy por el hecho punible de apropiación, por un faltante de animales de la Ganadera Douglas SA.

El condenado recurrió la sentencia y un tribunal de apelación anuló el fallo; en consecuencia, ordenó el reenvío para un nuevo juicio.

Contra la decisión de la Cámara Franklin Kennedy promovió un recuso de casación ante la Sala Penal, que quedó integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y Víctor Núñez (renunció al cargo).

Peter Kennedy explicó que el delito de prevaricato se cometió cuando el ministro Blanco, con el apoyo de Núñez, admitió la casación. La doctora Pucheta votó por el rechazo.

“Entre los presupuestos para la admisibilidad del recurso de casación no se encuentra el de recurrir aquellos fallos dictados por el Tribunal de Apelaciones que anulan una sentencia dictada en juicio oral. La jurisprudencia de la Corte ha sido constante y uniforme en ese sentido. Existen numerosos fallos al respecto dictado por los propios denunciados (Blanco y Núñez)”, manifestó el denunciante.

En el escrito ante la fiscalía se enumeraron numerosas sentencias firmadas por el propio Blanco en las que se rechazaron los recursos de casación contra resoluciones de la Cámara que anulan un fallo del juicio oral y ordenan el reenvío de la causa para una audiencia oral y pública.

“En consecuencia, el haberse arrogado los denunciados competencias que por imperio de la ley no tienen, han obrado en contra de la ley, admitiendo un recurso que por ley y jurisprudencia les estaba vedado, con la consecuencia gravísima de haberse dispuesto una condena a pena privativa de libertad”, refirió Peter Kennedy en su escrito.

Además, en mayoría, la Sala Penal redujo la pena de seis a dos años y medio de cárcel, una cuestión que tampoco puede hacer.

Afirman que hubo dolo

En la denuncia se resaltó que llamativamente Blanco no se pronunció sobre la admisibilidad de la casación, como le exige el artículo 464 del Código Procesal Penal por remisión del artículo 480 del mismo cuerpo legal, tal como lo hizo la ministra Alicia Pucheta, quien votó por el rechazo del recurso, así como lo establecen las disposiciones legales.

“Blanco omitió referirse a este punto pasando a estudiar directamente el fondo de la cuestión. Dicha omisión evidentemente fue con el pleno conocimiento de la conducta realizada, con el fin de evitar referirse al punto crucial y determinante que definía la cuestión, lo que revela aún más el dolo”, enfatiza la denuncia presentada ante al Fiscalía.

Peter Kennedy arrimó al Ministerio Público los documentos que probarían la comisión del hecho.

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