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Después de permanecer “cajoneado” durante casi dos años el expediente del negociado de 60.000 millones de guaraníes en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), antes de fin de año la Corte Suprema destrabó el proceso, rechazando la “nulidad” planteada por los procesados, explicaron ayer fuentes judiciales.
Dijeron que la disposición de la Sala Constitucional del alto tribunal dio vía libre el juez Rubén Riquelme para reactivar el proceso.
De esa forma, el magistrado Riquelme estableció, en principio, para las 08:00 del viernes 6 de febrero próximo la audiencia preliminar de los acusados, ocasión en que decidirá si los imputados deben ir o no a juicio oral.
Según el expediente del proceso, el Indert compró tierras inservibles por monto sobrevaluado, durante el gobierno del presidente Federico Franco.
Entre los imputados en este caso están Ortigoza, expresidente del Indert; Arnaldo Jara, administrador de la empresa oviedista San Agustín; y actual diputado liberal Milciades Duré, exconsejero del Indert.
También están acusados Justo Gamarra, exconsejero del Indert; Martha Roa, escribana que realizó la transferencia; los peritos Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría, y el legislador parlasuriano Emanuel Friedmann, también imputado pero no desaforado.
Todos ellos lograron paralizar el expediente durante más de dos años en la Corte Suprema mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por estudios jurídicos y abogados costosos como Álvaro Arias, José Domingo Almada y Nelson Mora, Carmelo Caballero y José Fernández Zacur, entre, según funcionarios judiciales.