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Comtecpar fue adjudicada en el 2010 para proveer a la Corte, entre otros materiales bélicos, 3.000 municiones 5.56 y 15 fusiles. Sin embargo, con autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) se importaron 12.500 balas y 20 fusiles. Es decir, mucho más de lo que se adjudicó.
Para justificar esta situación que rayaría la ilegalidad, tanto la firma importadora como Dimabel presentaron una orden de compra firmada por la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán, en la cual se piden 12.500 municiones para el personal de seguridad del más alto tribunal de la República.
Empero, en el mismo escrito de Insfrán se advierte que “los artículos no serán reexportados, revendidos, prestados o enviados a un tercero... sin el permiso y el consentimiento escrito previo del gobierno del país de origen (Estados Unidos)”. Es decir, el documento en su última parte desacredita la versión de las autoridades de Dimabel, quienes sostienen que la comercialización de las municiones importadas a nombre de la Corte en un negocio particular es legal.
La propia fabricante, Hornady Manufacturing Company, refiere en la caja de las municiones 5.56 que las mismas son de “aplicación táctica policial”. O sea que las mismas no podrían ser usadas por civiles, aunque las autoridades de Dimabel aseguran lo contrario y por ello autorizaron la venta de las balas a los particulares.
El director de Dimabel, general Carlos Campos Krauer, y el jefe de Registro Nacional de Armas, teniente coronel Óscar Villagra, defendieron en todo momento la legalidad de la autorización. Insistieron en que las balas pueden ser usadas por civiles.
La Ley Nº 4036, “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en su artículo 16 establece claramente que las armas y municiones de uso de los organismos de seguridad del Estado no se pueden vender.
El Ministerio Público analiza si se violaron o no disposiciones legales.
La investigación penal está a cargo de los fiscales de la Unidad Antisecuestro Sandra Quiñónez, Francisco Ayala y Federico Delfino, bajo la supervisión del fiscal adjunto Alejo Vera.
Comtecpar es presidida por Carlos León, quien mantiene un pleito judicial en el fuero civil con su socio comercial Rubén González Peralta. Este, el 7 de febrero pasado, denunció ante la Corte que las municiones importadas a su nombre las pudo adquirir de la casa comercial Yamgo, de Asunción.
El 13 de febrero el entonces presidente de la Corte Suprema, Víctor Núñez, remitió los antecedentes al fiscal general y advirtió que el hecho es grave.