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Los camaristas José Waldir Servín y Mirtha González de Caballero ratificaron la resolución dictada el 30 de octubre del año pasado, por la cual la jueza Caballero rechazó una reposición planteada contra la negativa de desvincularla del caso, mediante la aceptación de un acuerdo para la devolución del inmueble al Indi. El tercer integrante de la Cámara, Agustín Lovera Cañete, votó por la inadmisibilidad del recurso.
En febrero último, Caballero dispuso la elevación de la causa a juicio oral, para que el expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena Rubén Darío Quesnel responda ante la Justicia por lesión de confianza, como autor; la compradora, Julia Vargas, y la escribana Justina Esteche, por el mismo delito, como cómplices.
La magistrada tomó la determinación tras rechazar un incidente de prejudicialidad planteado por la defensa de Quesnel y una propuesta de conciliación de Vargas.
Específicamente, la compradora ofreció devolver las tierras, a cambio de su desvinculación del proceso.
“La propuesta de conciliación por parte de la señora Julia Vargas es en el sentido de devolver la propiedad del Indi, pero como es una promesa y el hecho es de naturaleza patrimonial, eso puede darse hasta antes del juicio oral y público, pero no fue planteado como un hecho sino como una promesa”, indicó Caballero, al fundamentar el motivo del rechazo de dicha propuesta.
Esta decisión fue apelada por el abogado Jorge Bogarín, defensor de Vargas. La defensa sostuvo que la transferencia no se concretó nada más debido a la burocracia del aparato estatal y que la devolución hace que las cosas vuelvan a su estado original.
Quesnel, Esteche y Vargas fueron acusados por la venta de una propiedad de 25.000 hectáreas ubicada en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco, asiento de 19 familias de la parcialidad de los ayoreos.
La operación fue autorizada por Quesnel en octubre de 2012 y el monto abonado fue de G. 1.250.000.000.
Proceso por desvío
Actualmente, el extitular del Indi cumple prisión, dictada en un proceso paralelo, por vaciamiento de cuentas de la institución por unos G. 3.000 millones.