Jurado solicita expediente del caso lavado ante sospechosas decisiones

El Jurado solicitó a un juez de Ciudad del Este que remita copias del expediente judicial abierto por lavado de dinero. Es ante indicios de que tres camaristas y un magistrado favorecieron a la presidenta de una firma ficticia con arresto domiciliario.

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El senador Óscar González Daher, titular del organismo juzgador, solicitó ayer al juez penal de garantías del quinto turno de Ciudad del Este que le remita el expediente judicial abierto por lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.

El Jurado quiere analizar la actuación de los camaristas Isidro González, Miryam Meza y Miguel López Cabral, que ordenaron el arresto domiciliario de Sady Caríssimo, presidenta de la firma ficticia Strong.

También se quiere ver la actuación del juez Nelio Prieto, quien estableció la exigua fianza personal de G. 100 millones cada uno a dos abogados de la imputada, pora hacer efectivo el arresto domiciliario de la misma.

El Ministerio Público repuso la resolución de Prieto, porque considera una burla la fianza de G. 100 millones, en un proceso abierto por lavado de dinero de US$ 370 millones solo en el 2011.

Caríssimo es la presidenta de la firma que más dinero blanqueó, superior a los 200 millones de dólares.

Además, estuvo prófuga y no se sometió voluntariamente al proceso, sino solo luego de ser detenida en un allanamiento realizada por la fiscala Juliana Giménez, en enero de este año.

El pleno de la Corte también solicitó los antecedentes del caso, en el que existe ofrecimiento de dinero para dejar impune a los implicados en el esquema.

Siguen prófugos Felipe Ramón Duarte, creador de las empresas ficticias, y el chino Tai Wu Tung, gerente de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, cuyos directores están sumariados por el Banco Central del Paraguay, por graves violaciones a la ley.

La otra detenida es Nilsa Romero, esposa de Felipe, detenida en Iguazú, Argentina, y cuya extradición está a punto de concretarse.

Hay ocho prófugos, también sindicados como parte de la banda criminal.

Los dólares fueron remesados a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, a los cuales el BCP aplicó una leve sanción, pese a que comprobó que violaron normas antilavado.

Llamativamente, el BCP oculta la resolución, que es documento público. Detrás está el poder económico.

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