Cargando...
Pese a que fueron designados tres fiscales para investigar el presunto tráfico de armas y municiones, el Ministerio Público no tiene un solo imputado.
Los fiscales Federico Delfino, Sandra Quinóñez y Francisco Ayala, bajo la coordinación del fiscal adjunto, Alejo Vera, fueron designados por el fiscal general, Javier Díaz Verón, para indagar y esclarecer un presunto feroz negociado con las provisiones de armas y municiones a órganos del Estado y detrás del cual incluso habría tráfico de material bélico.
Sin embargo, pese a los fuertes indicios de la supuesta comisión de hechos punibles, los agentes no imputaron a ninguna persona.
Según la denuncia, Comtecpar, de Carlos León, es la empresa proveedora de material bélico para la Corte, los ministerios de Defensa, Interior y Justicia y Trabajo.
La firma, sugestivamente, fue contratada en forma directa por el Ejército y otras instituciones para proveer por sumas millonarias.
La “olla” se destapó cuando, en febrero pasado, Rubén González (en pleito judicial con su socio León) denunció ante la Corte que municiones 5.56 importadas a nombre del alto tribunal se estaban comercializando en comercios de Asunción.
La Corte, ante la gravedad del hecho, remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular conformó un equipo, cuyo trabajo hasta ahora no tiene ningún resultado.
Hay fuertes indicios de que Comtecpar importaba más balas y armas que las adjudicadas por las instituciones del Estado.
El destino del material bélico importado de más se desconoce y ahí está la gravedad del hecho.
Las municiones vendidas a particulares solo pueden ser usadas por los órganos del Estado. Sin embargo, con autorización de la Dirección de Material Bélico, se estaban vendiendo a los particulares. La carpeta fiscal será analizada por el Jurado, presidido por el senador Óscar González Daher.
PROVISIÓN PARA CORTE
- La Corte había adjudicado, en el 2010, a Comtecpar la provisión de 2.500 municiones calibre 5.56 y 15 fusiles de asalto, entre otros materiales bélicos.
- Sin embargo, la empresa importó 12.500 balas 5.56 y 20 fusiles de asalto.
- Las municiones “sobrantes” fueron vendidas a particulares y los 5 fusiles de asalto a la Senad, en un precio mucho más elevado de lo que adquirió la Corte en la licitación.
- El alto tribunal había ordenado un sumario para esclarecer el hecho. Empero, hasta ahora no se conoce el resultado del mismo, para saber la responsabilidad de los funcionarios involucrados.