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La ministra de la Secretaría Anticorrupción, Soledad Quiñónez; el viceministro de seguridad interna, Jalil Rachid; y Jorge Kronawetter, titular de la Dirección de Migraciones, son los que actualmente estarían violando la Constitución.
Los mismos habían solicitado y obtenido permiso de la Fiscalía General del Estado, para dejar temporalmente el Ministerio Público y ocupar cargos en el gobierno.
La situación de Quiñónez y Kronawetter se agrava atendiendo que hace más de dos años dejaron el cargo en la fiscalía, para estar en la secretaría Anticorrupción y Migraciones, respectivamente.
En cuanto a Rachid, su permiso es reciente.
Sin embargo, según un dictamen del Jurado la Constitución es tajante en cuento a las prohibiciones para jueces y fiscales.
“Se tiene así que la asunción de un agente fiscal –previo juramento de rigor– es por el mismo plazo y con las mismas exigencias para los magistrados y en tal sentido no pueden durante su periodo correspondiente desempeñar otras funciones ni desempeñar cargos en organismos oficiales, salvo las derivadas de la docencia y la investigación científica”, refiere un dictamen del asesor jurídico del Jurado, Alfredo Enrique Kronawetter, que en su momento obligó a varios fiscales con permiso a renunciar al Ministerio Público para seguir en cargos en el Gobierno.
“Las incompatibilidades previstas en el artículo 254 de la Constitución Nacional (CN), aplicables a los agentes fiscales por mandato constitucional del artículo 270 son causales de mal desempeño de funciones (artículo 14, literal “a” de la Ley Nº 3759/09), lo que amerita el estudio a cargo del organismo pertinente”, enfatiza el dictamen.
Sin embargo, pese a la clara violación constitucional los miembros del Jurado, presidido por Adrián Salas, no hacen nada.
Otro ejemplo es el del exviceministro del Interior, Javier Ibarra, quien estuvo varios años en dicho cargo, ahora renunció y volvió al Ministerio Público como si nada hubiera pasado.
El Jurado ya había advertido de esta situación y ahora se espera que sus miembros adopten medidas.
Si los fiscales quieren ocupar cargos en el Gobierno, tienen que renunciar al cargo, si no lo hacen, caen en mal desempeño de funciones y el Jurado tiene que actuar.
Es cierto que los agentes pueden pedir permiso varios meses, pero lo que no pueden es formar parte del Gobierno, ya que esto evidencia la injerencia política en fiscalía.
Caso de jueza Bacigalupo
El caso de la jueza Carla Bacigalupo, quien solicitó permiso por cuestiones particulares por seis meses a la Corte, también sería irregular, ateniendo que la misma ahora ocupa el cargo de ministra de Justicia. Según el dictamen, este hecho también viola la Constitución Nacional.
Los fiscales y jueces pueden solicitar permiso, pero lo que no pueden es ocupar cargos en el Gobierno porque eso lo prohíbe la Carta Magna, de acuerdo a la postura del órgano juzgador.
Esta situación además genera un malestar entre jueces y fiscales, que tienen que hacer el trabajo de sus colegas con permiso.