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Sosa fue consejero de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) hasta el 2008, tiempo en el cual se remesaron unos US$ 57 millones al “inversionista” guatemalteco nacionalizado canadiense Eduardo García Obregón.
Sosa declaró el viernes en una sala común del Sanatorio San Roque, ante el tribunal de sentencia integrado con los jueces Olga Ruiz, Víctor Medina y Lourdes Peña, que fue engañado por los exdirectivos de la Cajubi, que fueron condenados en un juicio anterior por el desfalco.
Sin embargo, el abogado querellante Rafael Fernández, sostiene que la versión de Sosa no es creíble porque firmó dos declaraciones juradas en el 2012 y 2013 que fue enviada a la justicia canadiense desde donde se intenta extraditar a nuestro país a García Obregón.
Estas declaraciones juradas mencionaban que las “inversiones” prometidas por García Obregón se habían realizado y que el cobro de comisiones estaba asentado en la contabilidad de la Cajubi. Empero, Fernández sostiene que de los US$ 57 millones remesados a García Obregón ya están perdidos y que el pago de comisiones está prohibido por el estatuto de la Cajubi.
Fernández dijo que Sosa declaró falsamente para justificar el envío del dinero al exterior. “Sosa es tan culpable como los que fueron condenados anteriormente porque avaló el despojo a la Cajubi. Además, la declaración jurada lo hizo cuando ya no era consejero de la Caja”, refirió el abogado querellante.
El juicio oral
El juicio oral se encuentra en su última etapa. El lunes proseguirá con la presentación de las pruebas documentales de la defensa y posteriormente ya se escucharán los alegatos finales.
Los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero habían solicitado penas de hasta 15 años para los principales responsables de la lesión de confianza.
Los expresidentes de la Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra Vicésar recibieron condenas de 14 años de prisión. De los 12 condenados en primera instancia, 9 exdirectivos se encuentran en la penitenciaría de Tacumbú, cumpliendo sus sentencias.
Esta condena fue ratificada en segunda instancia. En el juicio oral se probó un perjuicio de U$ 48 millones, perpetrado a través de “inversiones de alto rendimiento” en el extranjero. Para la querella el perjuicio es de US$ 120 millones.