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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Elio Ovelar, Daniel Ferro y Víctor Alfieri convocó a las acusadas por operaciones fraudulentas en computadoras, para el miércoles 18 de abril, a las 10:00.
Se trata de las exfuncionarias Alba Regina Urizar Valiente, Josefina Escobar Delgado y Carla Florentín Diarte, Departamento de Aporte Obrero-Patronal, en la Sección de Liquidación y emisiones de planillas y extractos. Las mismas fueron despedidas tras un sumario y recurrieron ante el Tribunal de Cuentas. La denuncia había radicado el director de Aporte Obrero-Patronal de IPS, Pedro Javier Cano.
De acuerdo a la acusación del fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández, las exfuncionarias alteraron datos de 193 empresas entre el 2010 y 2011, para que los aportes obrero-patronal disminuyan considerablemente.
“Las acusadas, en carácter de usuarias, influían indebidamente sobre procesamientos de datos y programas, mediante rectificaciones de movimientos laborales, en la relación existente entre el empleado y empleador”, según Fernández.
La función de las mismas era la de expedir planillas, extractos de liquidación en relación a los movimientos mencionados, que hacen a la obligación de pagos, cotización de los empleadores en relación a sus empleados, entre otras, declaraciones que se hacen todos los días, cuya obligación es de manera mensual. En principio, mediante el sistema informático.
En ese sentido, la Dirección de Aporte Obrero-Patronal (AOP) había detectado que algunas empresas cotizaban por debajo del mínimo legal, aportando el 25,5% establecido por ley, pero en inferior cantidad de trabajadores, días de trabajo, sueldos, etc.
“El AOP no podía revertir los errores consignados por los usuarios o por los empleadores, pues, para revertirlos se debía estar autorizado, con un respaldo documental que avale dichas rectificaciones, además, solo podía modificar la cotización de salarios mínimos, por arriba de los montos asentados”, según el fiscal.
El perjuicio para IPS fue de G. 1.181 millones, según el agente del Ministerio Público.