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Este juicio se inició el 9 de octubre pasado y durante el mismo han declarado dos peritos y una veintena de testigos, entre ellos, el excontralor Rubén Velázquez, en cuya administración se realizó el trabajo que dio origen al proceso.
En ocasión de presentar sus alegatos finales, la fiscala Josefina Aghemo solicitó condena de dos años de pena privativa de libertad para Lucila Troche, Críspulo Corvalán y Éver Espínola, por frustración de la persecución penal.
Cabe destacar que las condenas hasta dos años generalmente son sustituidas por donaciones o trabajo comunitario acompañado de reglas de conducta, es decir, prácticamente nadie va a la cárcel cuando la pena es de hasta dos años.
Aghemo sostuvo que los auditores se aprovecharon del estado de necesidad de los socios de los comités para forzarlos a firmar actas sin que conocieran el contenido, para beneficiar a personas hoy procesadas en otra causa.
La fiscala especificó al Tribunal que se refería a los procesados por desvío de G. 68.000 millones, los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy y los dirigentes de Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) Silvio Riveros, Lidio Irala e Ignacio Acuña, estos últimos, condenados el viernes 22 pasado a penas de 11 y 9 años de cárcel, por estafa y otros delitos.
A su vez, los abogados Pedro Candia, Javier Contreras y la defensora pública Carla Marcet, representantes de Corvalán, Troche y Espínola, en ese orden, solicitaron absolución para todos.
Los defensores coincidieron en sostener que pruebas ofrecidas por la Fiscalía eran contradictorias, pues, si la intención de los acusados era la de favorecer a las exautoridades, no habrían consignado la recomendación de realizar un estudio más profundo.
El Tribunal de Sentencia convocó a las partes para las 07:30 de hoy, para la presentación de réplica y dúplica, tras lo cual se retirará a deliberar y podría dar a conocer su sentencia en el día de hoy.