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Según los datos, la reclusión en la Fope fue dispuesta a pedido de la defensa, que alegó que los oficiales Díaz y Mereles recibían amenazas.
En la audiencia realizada ayer en el juzgado de Lambaré, todos los defensores coincidieron en solicitar la aplicación de medidas alternativas a la prisión, en atención a que el hecho punible por el cual están acusados –reducción– está calificado como delito y tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de prisión.
Para el efecto, los abogados ofrecieron sus respectivas fianzas personales y en el caso de Joni Díaz también se ofreció fianza real sobre un inmueble.
Sin embargo, tras escuchar los argumentos de los defensores, la jueza Bracho resolvió decretar la prisión de todos.
La gravedad del hecho, máxime en atención a la condición de garante del orden público de los procesados, así como posibilidad de obstaculizar la investigación, actualmente en estado incipiente, son los puntos considerados por la magistrada para decretar la medida restrictiva de libertad.
A pedido del abogado Carlos Galeano Perrone, quien ayer asumió la defensa del comisario José Dolores Amarilla, la audiencia del jefe policial se pospuso para hoy a las 08:00. Es a los efectos de que el profesional accediera al expediente.
EL ROBO A PROSEGUR
Esta investigación tiene su origen en el robo de G. 1.850 millones ocurrido el 19 de febrero pasado por parte del chofer de Prosegur Carlos Daniel González Mallorquín, actualmente preso en Tacumbú.
De acuerdo con la imputación presentada por los fiscales Osvaldo Caballero Bracho y Nelson Ruiz, los seis agentes ahora procesados por reducción habrían irrumpido en la vivienda del padre de González Mallorquín, ubicada en el barro Pilar de Lambaré, para despojarlo de una bolsa con el producto del robo, en un procedimiento sin orden judicial.