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El crimen del estudiante de Enfermería se registró en la noche del 24 de setiembre de 2014, cuando David Bonifacio Martínez Martínez regresaba de la facultad con un amigo.
Poco antes de llegar a casa, los jóvenes fueron interceptados en la compañía Maka’i por dos “motochorros” armados con puñales.
Uno de los maleantes descendió del biciclo y tras un breve forcejeo apuñaló en el pecho a David Bonifacio, quien murió instantes después.
La Policía y la Fiscalía identificaron a los sospechosos, que fueron arrestados 12 días después en la compañía Isla Bogado de Luque.
El autor material resultó ser un adolescente de 16 años, identificado como Fernando Francis M. D., y su cómplice, en este caso el que manejaba la moto, es Arturo Ramón C., de la misma edad. En la misma serie de procedimientos, también cayeron los que compraron el celular robado.
Los dos principales implicados habían sido procesados por robo agravado con resultado de muerte, ya que incluso confesaron el hecho y admitieron que vendieron el teléfono por apenas 100.000 guaraníes.
La fiscala Francisca Gómez pidió prisión, mientras preparaba la acusación.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público se mostró sorprendida al enterarse de que la jueza María Fernanda García de Zúñiga había concedido en la última semana el arresto domiciliario a ambos menores. Gómez cuestionó severamente la determinación y anunció una apelación desde la fiscalía, en tanto que la magistrada cuestionada alegó que, como son menores, la ley contempla un tratamiento especial.
“Lastimosamente nuestra ley es muy benévola con los menores”, dijo la jueza.
Consideran una burla
Por su parte, los familiares del joven asesinado dijeron sentirse burlados y remarcaron que el hecho de que sean pobres no quiere decir que no puedan ser beneficiarios de la justicia.
En las redes sociales también se hizo sentir el repudio contra la jueza y hasta se anuncian movilizaciones en la ciudad de Luque.