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Amarilla envió el caso a la Fiscalía General del Estado, para que ratifique o rectifique el pedido de sobreseimiento definitivo por “duda insuperable”, que hizo la fiscala de Delitos Económicos Silvia Cabrera.
“Si bien la agente alega diligencias pendientes, hay otras agregadas y estamos hablando de un presunto perjuicio de US$ 38 millones, por lo que creo conveniente primero agotar las instancias y que se expida su superior”, argumentó el juez.
Mientras Granada y Rodríguez se presentaron con sus abogados Rodolfo Gubetich y Arturo Daniel, respectivamente; Takahasi se ausentó y solo concurrió su abogado Rubén Darío Delgado. Alegó que el requerimiento le era beneficioso, lo que fue aceptado.
En la víspera, Rodríguez y Takahasi plantearon el sobreseimiento sobre la base de que el hecho no existió. Por su parte, Granada se allanó al pedido de la Fiscalía respecto a que la duda es insuperable, y que los elementos no son suficientes para la acusación penal.
La fiscala Cabrera se ratificó en el “archivo”, pero sobre la base de que si bien el hecho existió, no se puede probar la implicancia de los procesados.
Pese al pedido de cooperación jurídica internacional, la Fiscalía no contó con documentos y declaraciones testificales oficiados a la justicia venezolana. Inclusive, se tuvo que pedir primero el sobreseimiento definitivo ante la falta de respuesta, pero al cabo de un año, se planteó el “definitivo” a favor de los expresidentes del ente público.
Millonario perjuicio
La entonces fiscala de Delitos Económicos Rocío Vallejo había imputado por lesión de confianza a Alejandro Takahasi y Armando Rodríguez por un presunto perjuicio de US$ 4.946.582,63 y a Cíbar Granada le responsabilizó de haber ocasionado un perjuicio de nada menos que US$ 33 millones.
El daño se habría producido entre marzo de 2006 y setiembre de 2009, cuando se suscribieron varios contratos de provisión de hidrocarburos. Las tasas de interés fueron superiores a las normales (no moratorias) pactadas por los administradores de Petropar.