Juez resolverá si el caso de tráfico de armas queda o no “en la nada”

El juez penal de garantías Humberto Otazú convocó para hoy, a las 9:00, a Atilio Gómez Boungermini, expropietario de la empresa Vip Security, y a su esposa Rosa Isabel Brizuela, a la audiencia preliminar en que definirá si impone las sanciones leves en un caso de tráfico de amas, a pedido de la fiscala Sandra Quiñónez. El procesado asegura que se trató de una “venganza” y que le “plantaron” un arma.

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Es la tercera vez que se intentará realizar la audiencia preliminar ya que en las dos ocasiones anteriores la diligencia fue suspendida por pedido de la Fiscalía.

La fiscala Quiñónez pidió suspensión condicional del procedimiento para Atilio Gómez y criterio de oportunidad para su esposa, Rosa Brizuela, debido a que concluyó que esta última solo transportó armas en una camioneta particular sin permiso de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

El 25 de enero de 2014, Brizuela cayó con una camioneta blindada llena de armas. La investigación fue iniciada por el fiscal Rogelio Ortúzar, quien imputó a la mujer y su pareja por tráfico de armas, con expectativa de pena de 5 a 10 años de prisión, por el delito de violación de la ley de armas.

Ortúzar fue luego recusado por “amistad” por Gómez Boungermini y asumió su colega Quiñónez.

La Dimabel informó que seis armas no estaban registradas, entre ellas una pistola ametralladora de la marca MP5, calibre 9 mm, sin número de serie (borrado), con un cargador y silenciador. Su detentación en particulares está terminantemente prohibida porque es de uso exclusivo militar. Tampoco está registrada una pistola ametralladora Mini Uzi, de procedencia Israelí, según la Dimabel.

A esto se suma la falta de autorización para importar una mira telescópica modelo Schmidt&Bender, con serie Nº 5303555. Además, según el mismo informe de la Dimabel, la firma Comtecpar SA tuvo la autorización para importar miras telescópicas de la marca Truicon, para destinarlo al Comando de la Fuerza Aérea. Sin embargo, fue encontrado en poder de los propietarios de Vip Security de manera ilegal.

La Fiscalía solicitó medidas sumamente benévolas. Para Gómez solicitó que por el plazo de 2 años no cambie de domicilio, que se presente cada dos meses a firmar el libro y realice donación de 3.500 proyectiles calibre 5.56 mm, a la Fuerza de Tarea Conjunta, mientras que para su esposa pidió solo donación de 1.000 proyectiles.

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