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La escribana Ferreira había reconocido que era planillera en la Justicia Electoral y fue beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento.
La acusada percibía un salario de G. 6 millones sin prestar servicios, lo cual constituye una grave irregularidad en el ejercicio de su función, por lo cual debió ser suspendida por la Corte. Sin embargo, fuertes injerencias evitaron la sanción administrativa a la escribana, que para eludir un juicio oral ofreció una donación de G. 120 millones para la construcción de aulas en la escuela José Antonio Ibarra Ríos, de Caazapá. La propuesta fue aceptada por el fiscal José dos Santos y el juez Sosa Pasmor, quien también decretó un año de reglas de conducta.
El sumario a la escribana en la Superintendencia quedó suspendido a las resultas del juicio penal. Es por eso que se solicitó el informe al juez, para que se pueda concluir el proceso administrativo y elevar un informe a la Corte para que los ministros definan si sancionan o no a la notaria.