Juez define pena en juicio a empresario

El juez penal de Delitos Económicos Humberto Otazú señaló para el 26 de marzo, a las 9:30, la audiencia preliminar del propietario de la empresa de seguridad, blindaje y transporte de caudales Vip Security SA, Atilio Gómez Buongermini, y su esposa, Rosa Isabel Brizuela, en el caso de tenencia irregular de armas, donde se pretende una pena reducida.

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El magistrado debe expedirse sobre el pedido de suspensión condicional del procedimiento para Gómez, y de criterio de oportunidad para su esposa.

El 26 de enero de este año, la fiscala Sandra Quiñónez decidió pedir un cambio de calificación en este proceso penal.

En esta causa el fiscal Rogelio Ortúzar había imputado el 26 de enero de 2014 por el hecho punible de “detentación de armas de uso civil”, que tenía alta expectativa de pena (de 5 a 10 años de cárcel).

Luego, el juez Hugo Sosa Pasmor (interino de Otazú) varió por el atenuante del mismo tipo penal (hasta 5 años de pena).

Ahora, el Ministerio Público indica que el empresario solo “transportó” armas de fuego en un camión particular, sin comunicar del hecho a la Dimabel.

Un informe de la Dimabel posibilita una pena reducida a los implicados. “De los mismos informes remitidos por la Dimabel a petición de la Fiscalía, se puede referir que todas las armas de fuego están debidamente registradas, inclusive remitieron los antecedentes de los registros pertinentes”, refiere en su escrito la fiscala.

Con relación a la esposa de Gómez, Rosa Brizuela, indica que solo 5 de las 42 armas que fueron incautadas de su poder no estaban registradas. A pesar de ello, se peticiona la salida procesal más leve que existe.

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