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Víctor Bogado y Mariano Escurra, expresidentes de Cajubi, y Ronald Timcke, se presentaron a la audiencia preliminar y sus defensas solicitaron el sobreseimiento libre para los tres.
El fiscal René Fernández pidió sobreseimiento provisional, pero la decisión más importante no es la salida procesal que plantearon las partes, sino la decisión que tomará el juez Sosa Pasmor sobre un pedido de excluir para los acusados el hecho punible de enriquecimiento ilícito y dejar solo el delito de lavado de dinero, para beneficiarlos.
Ronald Timcke es yerno de la ministra de Corte Myriam Peña, y le estarían tratando de dar una “ayuda” para zafarse del caso que investiga la millonaria estafa de US$ 6 millones a la Cajubi.
El fiscal René Fernández insistió en que no se excluya la figura del enriquecimiento ilícito y pidió el sobreseimiento provisional, ya que todavía no le remitieron los informes de cuentas bancarias de varios países como Suiza, Canadá y Uruguay, por donde habría pasado el dinero que salió de la Cajubi.
Ronald Timcke está procesado como cómplice de enriquecimiento, y como autor de lavado de dinero, y lo que se pretende es solo que sea acusado por lavado.
Este pedido de mutilación ya le habían hecho al juez Humberto Otazú, y este rechazó el planteamiento, que fue apelado, y la Cámara integrada por Gustavo Ocampos, Pedro Mayor Martínez y Bibiana Benítez confirmó lo resuelto por el juez. Fue entonces cuando plantearon una inconstitucionalidad, y se anuló la resolución de la Cámara. Se volvió a conformar un nuevo Tribunal de Alzada integrado por Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Gustavo Santander, que anuló la resolución de Otazú, quien se apartó del proceso, y ahora es Hugo Sosa el encargado de caso. Este dijo tras finalizar la audiencia preliminar que se tomará 48 horas para resolver.
La extraña maniobra
La defensa de Víctor Bogado y Mariano Escurra alega que se tiene que excluir el hecho punible de enriquecimiento ilícito de la investigación, ya que no se les puede aplicar esa figura atendiendo que Itaipú no es una entidad pública. La maniobra pretende allanar el camino judicial para los acusados, y todo apunta a que la “ayuda” podría darse.