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En un acto en el salón Altamirano del Palacio de Justicia, la Asociación de Jueces del Paraguay recordó ayer un año de la Primera Convención Nacional de Jueces del Paraguay, ocasión en que abogaron por la exclusión de políticos de los órganos de selección y control de jueces.
Vera Navarro destacó que, en consonancia con los compromisos de cambio asumidos en aquel entonces, la mayoría de los jueces de su asociación han autorizado voluntariamente que se hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes.
Asimismo, resaltó que la mora judicial ha disminuido en un 50%, aunque reconoció que las viejas prácticas dilatorias y el secretismo no han sido erradicados aún y que la injerencia política continúa vigente.
Por otro lado, Vera Navarro aprovechó la oportunidad para cuestionar a gremios de abogados que objetan la legalidad de las asociaciones de jueces, reclamo que calificó como un “despropósito”.
Sobre el punto, el camarista Alberto Martínez Simón explicó que tras la investigación de las actas correspondientes, pudo constatar que las “asociaciones” prohibidas para magistrados a la que hace referencia el artículo 254 de la Constitución, son las políticas.
Vera Navarro también anunció la oposición del gremio al control de asistencia a los magistrados con reloj marcador. A su criterio, dicho control riñe con la “dignidad del magistrado”, aunque no quedó claro de qué manera eso podría darse.
Martínez Simón agregó que a su criterio se debería controlar la productividad de cada magistrado.
Pidieron excluir a políticos
La Primera Convención Nacional de Jueces del Paraguay (18 y 19 de noviembre del 2017) reunió a unos 500 magistrados de la capital e interior del país, que hicieron un mea culpa de las falencias del sistema judicial actual y coincidieron en solicitar la exclusión de los políticos tanto del Consejo de la Magistratura como del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, la Asociación de Jueces del Paraguay se comprometió a la elaboración de proyectos de modificaciones del sistema legal, para eliminar los obstáculos de una justicia eficiente y transparente.