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El tribunal de sentencia integrado con los jueces Manuel Aguirre, Fabián Escobar y Eva de Witte revocó ayer la prisión preventiva en el Buen Pastor y en Tacumbú, respectivamente, que dictaron para Andraschko (5 años) y Lezcano (4 años), el lunes pasado, tras emitir el fallo condenatorio.
La fiscala Alba Delvalle se opuso a la concesión del arresto domiciliario. Argumentó que existe peligro de fuga ante la permeabilidad de las fronteras, ante la condena elevada que recibieron y, sobre todo, por el daño social que causaron Andraschko y Lezcano con el perjuicio de G. 1.600 millones a la
Secretaría de Acción Social (SAS), con la compra de tres inmuebles inservibles, que debían ser destinados a asentamiento a familias de escasos recursos. La fiscala analiza la apelación.
Sin embargo, los jueces, como adelantando la sentencia que iban a dictar, se constituyeron en las viviendas de Andraschko y Lezcano, donde constataron que los mismos tienen sus familias constituidas. De esta forma buscaron justificar el arraigo de los condenados.
El tribunal también hizo hincapié en la caución suficiente que ofrecieron.
Andraschko puso a disposición dos inmuebles avaluados en G. 1.000 millones y otro en G. 600 millones, así como la fianza personal de su abogado Jorge Prieto.
En el caso de Lezcano, a quien el miércoles el mismo tribunal le rechazó el arresto domiciliario, obtuvo ayer la medida luego de ofrecer en la víspera G. 9.388 millones como caución real, mediante cuatro inmuebles. También se les impuso G. 100 millones cada uno a sus dos abogados.
Para evitar suspicacias, la justicia debería unificar criterios acerca de la aplicación de la prisión, que se decreta tras los fallos en los diferentes casos de condena.
De otro modo, se seguirá sospechando que el envío a prisión de personas con caudal económico, como en este caso, solo sirve como medio de chantaje o extorsión.
Genera fortalecidas sospechas el hecho de que solo a días de haber remitido a los condenados a prisión, los jueces Aguirre, Escobar y Witte ahora dispongan el arresto domiciliario. La gestión debería ser auditada por la Corte Suprema.